La comodidad del formato digital se enfrenta a su examen legal más severo a medida que los cierres de servidores despojan a los usuarios de los títulos por los que pagaron el precio completo. Cuatro videojugadores han presentado una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la multinacional de vulnerar de forma deliberada la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), la cual entró en vigor a nivel corporativo a principios de 2025.
Esta legislación prohíbe explícitamente que los comercios electrónicos utilicen términos comerciales tradicionales que induzcan a pensar en una propiedad sin restricciones —tales como «comprar», «adquirir» o «propiedad»— a menos que la empresa obtenga una confirmación expresa del cliente o muestre un aviso sumamente visible que aclare que el usuario solo está pagando por una licencia revocable de acceso. Aunque la PlayStation Store integra textos legales en su pasarela de pago para advertir de esta condición, el bufete de abogados que lidera la queja argumenta que dicha advertencia es diminuta y pasa completamente desapercibida, induciendo a los consumidores razonables a creer erróneamente que los juegos digitales son de su propiedad definitiva, exactamente igual que un bolígrafo o un disco físico.
¡DEMANDAN A PLAY STATION! 💥 Una demanda colectiva hacia #PlayStation está teniendo lugar en California. Jugadores se han unido para demandar a la empresa de ‘estafa’ ya que consideran que la #PSStore no aclara que NO VENDE VIDEOJUEGOS, pic.twitter.com/kmnz8BquxR
— LevelUp.com (@LevelUPcom) June 22, 2026
El fantasma de Destruction AllStars y la chispa de The Crew
El momento elegido para formalizar la batalla en los tribunales coincide con un descontento generalizado de la comunidad global tras una serie de apagones de software históricos. El ejemplo más próximo dentro del ecosistema de Sony ha sido el destino de Destruction AllStars, un videojuego multijugador exclusivo de PS5 editado por la propia Sony en 2021. El título fue retirado de las tiendas y sufrió el cierre definitivo de sus servidores en mayo de 2026. Actualmente, solo su mermado modo para un jugador permanece accesible, una función residual que desaparecerá de forma total e irreversible el próximo 25 de noviembre, dejando el software completamente inútil para quienes lo adquirieron.
Este fenómeno de la pérdida de acceso tuvo su catalizador en 2023, cuando Ubisoft desconectó los servidores de su juego de conducción en línea The Crew, una maniobra que arrebató el acceso incluso a los modos locales y que inspiró directamente a la asambleísta Jacqui Irwin a redactar la ley californiana AB 2426. Esta oleada de cierres ha consolidado el movimiento internacional Stop Killing Games, un frente que presiona a los legisladores de Estados Unidos y la Unión Europea para obligar a las editoras a parchear sus juegos antes del abandono comercial, permitiendo que las comunidades alojen sus propios servidores privados o jueguen de forma desconectada sin depender de los servidores de la empresa.
Un frente judicial saturado para Sony en 2026
La demanda por la transparencia digital no es el único frente legal que los equipos de abogados de Sony deben gestionar durante el presente ejercicio económico. La compañía encara un semestre de alta presión judicial debido a múltiples litigios colectivos en los tribunales estadounidenses:
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El acuerdo de los códigos digitales: Tras años de retrasos y dos rechazos por parte de la magistrada Araceli Martínez-Olguín, un tribunal federal ha concedido la aprobación preliminar a un acuerdo de 7,85 millones de dólares por prácticas antimonopolio. La demanda (Caccuri v. Sony) acusaba a PlayStation de inflar artificialmente los precios al prohibir en 2019 que las tiendas minoristas (como Amazon o GameStop) vendieran códigos de descarga de juegos específicos, forzando la compra exclusiva en la PS Store. Los usuarios elegibles que compraron títulos entre 2019 y 2023 recibirán compensaciones automáticas en sus monederos digitales tras la audiencia final fijada para el 15 de octubre de 2026.
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La demanda por los sobreprecios de hardware: El pasado mes de mayo se formalizó otra querella masiva que acusa a la firma de lucrarse por partida doble durante la crisis logística de aranceles. El texto alega que Sony incrementó el precio de venta de PS5 al consumidor justificándolo en los impuestos aduaneros, pero posteriormente reclamó y retuvo las devoluciones millonarias de dichos aranceles sin repercutir ese beneficio económico en los compradores damnificados.
Mientras los tribunales deciden si obligan a PlayStation a modificar los botones de su tienda digital por términos como «Obtener Licencia de Software», la industria observa con atención un caso que promete cambiar la forma en que compramos contenidos multimedia en la red, obligando a las multinacionales a ser honestas respecto a la caducidad implícita de las bibliotecas virtuales.
