Sony enfrenta una demanda colectiva en Estados Unidos relacionada con la manera en que comercializa juegos digitales de PlayStation y el control que ejerce sobre los precios dentro de PlayStation Store.
El caso fue iniciado en 2024 por tres usuarios de PlayStation, quienes demandaron a Sony en representación propia y de otros consumidores que realizaron determinadas compras digitales entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.
Los demandantes acusan a la compañía de haber implementado prácticas anticompetitivas destinadas a monopolizar el mercado de juegos digitales de PlayStation.
Todavía no existe una decisión judicial definitiva que determine que Sony haya cometido esas infracciones.
Sin embargo, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California otorgó aprobación preliminar a una propuesta de acuerdo por 7,85 millones de dólares.
Sony ha acordado pagar 7,85 millones de dólares para resolver una demanda colectiva, aunque la compañía niega haber cometido alguna infracción y asegura que llegó al acuerdo para evitar mayores gastos legales.
▫️ En 2019, Sony impidió que tiendas de terceros como Amazon o… pic.twitter.com/AwA14apVtY
— Noticias PlayStation (@NotiPlay_) September 1, 2026
La demanda cuestiona cómo Sony controla la venta de juegos digitales
Uno de los principales argumentos del caso está relacionado con una política implementada el 1 de abril de 2019.
Según la demanda, desde esa fecha los minoristas dejaron de poder vender códigos digitales específicos para juegos de PlayStation, conocidos como Game Specific Vouchers.
Antes de ese cambio, diferentes comercios podían comercializar códigos para descargar determinados títulos. Después de la modificación, los usuarios que querían comprar esos juegos digitalmente debían hacerlo directamente mediante PlayStation Store.
Los demandantes sostienen que esta medida redujo la competencia de precios dentro del mercado digital de PlayStation.
Otro elemento mencionado en la demanda es el PlayStation Global Developer and Publisher Agreement, el acuerdo utilizado por Sony con desarrolladores y editoras.
La sección relacionada con productos distribuidos digitalmente establece que las compañías de Sony correspondientes tienen el derecho de determinar el precio minorista de los productos digitales vendidos mediante PlayStation Network dentro de sus respectivos territorios.
El documento también indica que Sony puede modificar el precio minorista de un producto digital y que las editoras pueden proporcionar precios sugeridos.
Los demandantes utilizan estas políticas como parte de su argumento de que Sony habría restringido la competencia en la distribución digital de juegos para PlayStation.
El acuerdo propuesto alcanza los 7,85 millones de dólares
Los demandantes sostienen que Sony incurrió en una conducta anticompetitiva diseñada para monopolizar el mercado de juegos digitales de PlayStation y acusan a la compañía de infringir leyes antimonopolio federales y estatales.
Como parte del proceso, se presentó una propuesta de acuerdo por 7,85 millones de dólares.
La cantidad disponible para los consumidores afectados estaría sujeta a la deducción de honorarios y otros gastos legales.
Según la información proporcionada, la compensación estaría destinada a determinados usuarios estadounidenses que compraron mediante PlayStation Store juegos que anteriormente habían estado disponibles mediante códigos digitales vendidos por minoristas.
Si el acuerdo recibe la aprobación definitiva, los consumidores estadounidenses que cumplan con los requisitos recibirían automáticamente la parte correspondiente en sus cuentas de PlayStation Network, de acuerdo con los términos descritos en la fuente.
Por ahora, la aprobación es solamente preliminar.
La audiencia de equidad (Fairness Hearing) está programada para el 15 de octubre de 2026.
Será entonces cuando se evaluará la aprobación definitiva del acuerdo propuesto.
El caso todavía no determina que Sony haya creado un monopolio
La distinción es importante porque la existencia de la demanda y la aprobación preliminar del acuerdo no equivalen a una sentencia que determine que Sony actuó ilegalmente.
Las acusaciones de monopolización forman parte de los argumentos presentados por los demandantes.
El caso adquiere además relevancia dentro del debate sobre la distribución digital de videojuegos y las posibilidades que tienen los consumidores para comprar un mismo producto mediante diferentes vendedores.
En este caso concreto, la demanda se concentra en las políticas de PlayStation Store y en la eliminación de los códigos específicos de juegos que anteriormente podían vender comercios externos.
Los documentos judiciales relacionados con el procedimiento se encuentran disponibles mediante el sitio dedicado al PSN Digital Games Settlement.
El siguiente momento importante llegará el 15 de octubre.
Hasta entonces, Sony enfrenta una propuesta de acuerdo de 7,85 millones de dólares relacionada con las acusaciones de prácticas anticompetitivas, pero todavía no existe una decisión final que establezca que la compañía haya monopolizado ilegalmente la venta de juegos digitales de PlayStation.
